Hay acusaciones graves que deben investigarse hasta las últimas consecuencias, pero también existe un ciudadano amparado por la presunción de inocencia. Los derechos de los niños son sagrados y deben ser protegidos, pero esa protección no exige condenar anticipadamente a una persona antes de que los hechos sean establecidos mediante las pruebas y el debido proceso.
Este caso también nos obliga a mirar más allá del expediente. Cuando el servicio social involucra a niños, niñas y adolescentes, las buenas intenciones no son suficientes: la compasión necesita organización, responsabilidad y protocolos rigurosos de protección.
También deben ser escuchadas las madres y familias que han expresado públicamente sus experiencias, así como deben examinarse las actuaciones y el seguimiento de las instituciones que previamente tuvieron conocimiento de la situación.
No necesitamos ni impunidad ni linchamiento. Necesitamos una investigación objetiva, instituciones que rindan cuentas, medios de comunicación que sepan distinguir entre denuncia, acusación y sentencia, y una comunidad cristiana dispuesta a aprender que servir también implica conocer la ley y establecer mecanismos responsables de protección.
Los niños necesitan protección.
Las madres necesitan ser escuchadas.
Las instituciones necesitan rendir cuentas.
El acusado necesita debido proceso.
Y la sociedad necesita conocer toda la verdad.
En medio de situaciones tan delicadas, la paz no significa guardar silencio ante una posible injusticia, ni tampoco significa condenar antes de tiempo. La verdadera paz camina de la mano con la verdad, la justicia, la responsabilidad y el respeto a la dignidad de cada persona.
Como sociedad, necesitamos esperar que sean las pruebas y las autoridades competentes quienes establezcan los hechos. Y como cristianos, debemos procurar que nuestras palabras contribuyan a la verdad y no a la división.
Que Dios nos dé sabiduría para proteger a los más vulnerables, actuar con justicia y caminar siempre en la verdad y en la paz.
