La Pastoral Jurídica de la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), coordinada por el Lic. Santo Acosta, luego de realizar un análisis de las recientes modificaciones introducidas a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, expresa su satisfacción por los avances alcanzados y considera que la reforma constituye un paso importante para fortalecer la seguridad jurídica, la equidad y la armonización del ordenamiento legal aplicable a las asociaciones sin fines de lucro, entre ellas las iglesias, concilios, ministerios e instituciones cristianas que desarrollan una invaluable labor social en la República Dominicana.
Desde una perspectiva jurídica, la modificación contribuye a preservar el principio de especialidad de la ley, conforme al cual las asociaciones sin fines de lucro continúan amparadas por el régimen jurídico especial establecido en la Ley núm. 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro y su reglamento de aplicación. En consecuencia, cualquier interpretación de la legislación sobre residuos sólidos debe realizarse en armonía con dicho régimen especial y con los principios constitucionales de seguridad jurídica, razonabilidad y protección de la libertad de asociación. Esta ha sido una de las principales preocupaciones expresadas por diversas entidades religiosas y de la sociedad civil desde la entrada en vigor de la Ley 98-25.
La Pastoral Jurídica entiende que las iglesias y demás entidades sin fines de lucro poseen una naturaleza jurídica distinta a la de las empresas comerciales. Sus recursos provienen de diezmos, ofrendas y donaciones voluntarias que son destinados al desarrollo de programas espirituales, educativos, comunitarios y de asistencia social, sin perseguir fines lucrativos ni distribuir beneficios económicos entre sus miembros. Por ello, resulta indispensable que el marco legal reconozca esta realidad y garantice un tratamiento acorde con la función social que dichas instituciones desempeñan en favor de millones de dominicanos.
Asimismo, valoramos que el proceso de revisión legislativa haya permitido abrir un espacio para corregir aspectos que generaban incertidumbre respecto de la aplicación de la contribución especial prevista en la legislación sobre residuos sólidos. Si bien la normativa mantiene el esquema de contribuciones para las personas jurídicas y entidades conforme a sus ingresos, la discusión legislativa ha reafirmado la necesidad de interpretar su aplicación respetando el régimen especial de las asociaciones sin fines de lucro y evitando que se afecte el ejercicio de derechos previamente reconocidos por la legislación vigente.
La Alianza Evangélica Dominicana reitera que las iglesias evangélicas constituyen uno de los principales aliados del Estado en la atención de poblaciones vulnerables, la promoción de valores, la prevención de la violencia, la rehabilitación de personas con adicciones, el fortalecimiento de la familia, la educación comunitaria y la asistencia en situaciones de emergencia. Toda disposición legal debe preservar la capacidad de estas instituciones para continuar sirviendo a la sociedad sin imponer cargas que puedan limitar el alcance de su misión.
Finalmente, la Pastoral Jurídica de la Alianza Evangélica Dominicana exhorta a las autoridades competentes a continuar fortaleciendo el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y con las comunidades de fe, de manera que las políticas públicas en materia ambiental puedan avanzar de forma armónica con los principios constitucionales, la seguridad jurídica y el reconocimiento del invaluable aporte que realizan las asociaciones sin fines de lucro al desarrollo integral de la nación.
