La Cámara Constitucional del Cantón de Ginebra dictó la orden el 3 de diciembre a raíz de las quejas de los habitantes del lugar, que consideraban que la restricción era una violación de la libertad religiosa, según informa la Agencia Católica de Noticias.
El abogado Steve Alder, que interpuso la demanda, señaló que la orden era una de las restricciones públicas más extensas sobre las asambleas religiosas en Europa. Afirmó que la prohibición era injusta porque la ciudad permitía que ocurrieran otras reuniones públicas.
«Hacerla cumplir es una violación del derecho a la libertad de religión protegido por la Constitución suiza y por el derecho internacional de los derechos humanos», dijo Alder. «Apunta desproporcionadamente a las actividades de los grupos religiosos por encima de las actividades comerciales».
«Dado que múltiples grupos religiosos de Ginebra han expresado su preocupación por la desproporción de la prohibición, esperamos que las autoridades se pongan finalmente de acuerdo sobre una solución que proteja el derecho de todos a practicar su religión de conformidad con el derecho internacional», añadió.
Por su parte, Jennifer Lea, del bufete de abogados sin fines de lucro para la libertad religiosa Alliance Defending Freedom (ADF), consideró que la suspensión «es un paso significativo en la dirección correcta».
«La libertad religiosa es un derecho humano fundamental y los gobiernos que buscan restringirla tienen la carga de demostrar que la restricción es realmente necesaria y que un enfoque menos restrictivo no funcionaría», dijo.
«Favorecer a los establecimientos comerciales por encima de los servicios religiosos no sólo es discriminatorio, sino que ignora la fuerte protección de la libertad religiosa que existe en el derecho nacional e internacional».
La Iglesia Católica de Ginebra advirtió que la asistencia a la misa pública se limitaría a 50 personas, lo que exigiría el uso de máscaras y el distanciamiento social.
