Todos padecimos un sainete cargado de humor negro y bilioso en este mes de febrero.
Las elecciones municipales, que fueron las primeras celebradas por separado en 55 años,
no concitaron apoyo masivo, pero miles de ciudadanos se apostaron desde temprano en
los centros electorales ubicados en ciudades y campos, formando filas, dando fiel
cumplimiento al deber ciudadano de elegir y ser elegido.
El proceso debía iniciar a las 6 am, pero empiezan a darse anomalías. Los miembros de
las mesas no llegaban, las computadoras no subían su sistema con todos los partidos o
todos los candidatos inscritos, y no se abrían los colegios electorales.
Los minutos fueron pasando y se convirtieron en horas, y las fallas informáticas fueron en
aumento. Los delegados políticos de los distintos partidos fueron hasta la Junta Central
Electoral, para que el pleno de ese organismo, que está compuesto por los 5 jueces
titulares, para recibir explicaciones.
Pero el mismo pleno no tenía. Por ello, haciendo un acto vergonzoso pero necesario,
suspendieron las elecciones, ya que más del 60% de los colegios electorales no había
podido iniciar a sufragar a las 11:30 am.
Luego, los distintos sectores solicitaron investigaciones, pero se notaba y se nota mucha
desorganización. Aún hoy se ignoran cuando se votará y si será automático o en papel, o
por qué se dieron los problemas que se dieron el día de las elecciones, o qué se hará con
los datos brindados por las personas que votaron y sus votos. Estamos ante una situación
única, ya que nunca en nuestra historia se habían suspendido elecciones de ningún tipo
en nuestro país.
Hay diversas salidas: 1. Sustituir a todos los miembros de la Junta; 2. Una reforma
constitucional que unifique nueva vez todas las elecciones en mayo, conjuntamente con la
presidencial; 3. celebrar estas elecciones en un mes. La primera, tiene el problema de que
es un proceso engorrroso que normalmente lleva 4 meses o más para resolver, ya que
hay que convocar al Consejo de la Magistratura y que ésta haga un concurso de
oposición y examine a los interesados. La segunda quizá sea la más factible. Tenemos el
precedente de 1994, donde se hizo una reforma constitucional en 36 horas. Esa última
opción no me gusta dado que implica más erogación de recursos de lo que se ha hecho.
