La isla de Santo Domingo, cuna de la civilización occidental en el Nuevo Mundo, por azares históricos se halla dividida en dos naciones soberanas: La República de Haití y La República Dominicana.
La primera surge en 1804 y se encuentra asentado en el tercio occidental de la Isla, mientras que el resto corresponde al pabellón dominicano. Ambas naciones han mantenido relaciones sumamente traumáticas y complejas, de cuyos últimos capítulos se encuentra el diferendo migratorio.
Tras el terremoto que asoló el empobrecido Haití, el Estado Dominicano, que fue quien se volcó a ayudar a su vecino, se ve desbordado por una marea humana constante de miles de menesterosos haitianos que cruzaban la frontera para ser educados, sanarse, y se quedaban.
Ello motivó la famosa sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, donde se trata de establecer el derecho soberano de la República Dominicana a deportar y de regular su política migratoria. Esta decisión concitó la repulsa del Estado Haitiano, de los miembros del CARICOM y de otras entidades, que desean que la solución de los problemas de Haití, que son numerosos, sean asumidas plenamente por nuestro país.
Las nuevas autoridades de la Organización de Estados Americanos, encabezados por el señor Almagro, ex canciller de Uruguay, ante la potencial violación de derechos humanos alegada por Haití, decide emitir un informe sobre la situación, mientras que el Estado Dominicano formulaba y ponía en funcionamiento el Plan Nacional de Regularización, donde, por un plazo de 18 meses ,se permitió que los extranjeros en situación de ilegalidad pudiesen, tras completar ciertas pautas, acceder al estatus de residente.
Mientras esto sucedía, el mundo veía estupefacto como en Bahamas y Turcos y Caicos los ilegales haitianos eran puestos en jaulas como si fueren animales, mientras que el Estado Dominicano pacta con Haití mecanismos para poder regularizar el mayor porcentaje de los alegadamente afectados.
Por ello, y a un costo de más de mil doscientos millones de pesos, se siembra en cada rincón del país de oficinas de regularización, sin cobrar nada por el proceso. Haití, que había pactado la entrega de documentación, empezó cobrando mil y finamente 400 dólares por pasaporte, acta de nacimiento y cédula, las cuales nunca entregó, quedándose con millones de dólares de su propio pueblo.
En el marco de la OEA, el señor Embajador Brutus, representante de Haití, vomitando veneno y odio, nos acusa de ser fascistas y racistas, lo cual fue rápidamente desmentido, punto a punto, por la participación del señor Vergés, nuestro Embajador.
Ya diversos organismos han comenzado a reconocer que el Estado Dominicano ha hecho lo correcto con su política migratoria y la mala fé de sus contrapartes haitianas, como es el caso del gobierno de Estado Unidos y el resultado del mismo informe ordenado por la OEA.
Ya, tras una larga espera, comenzaron las deportaciones, y corresponde a República Dominicana mantenerse firme en sus ideales y resistir el chantaje de la claque dirigente de Haití , que lamentablemente ha vivido de la extorsión contra el país y de la pobreza de su propio pueblo, uno que no tiene ni siquiera un servicio de registro civil confiable, por lo que se desconoce cuántos son.
Veremos que acontece, ya que cada día trae novedades, pero reitero mi criterio de resistir, persistir e insistir al Estado Dominicano. Los resultados serán excelentes para todos, hasta para el mismo Haití.
Dr. Néstor Saviñón
