La reciente política de protección de datos implementada por el Poder Judicial ha generado un intenso debate en nuestra sociedad, reflejado en la preocupación de instituciones como la Fundación Equidad y Justicia Social (AJUS). Si bien es importante garantizar el derecho a la privacidad, debemos evitar que tales disposiciones comprometan valores esenciales como la transparencia y el acceso a la información.
La Constitución establece claramente que los juicios deben ser públicos, una garantía que no solo protege a los imputados, sino que también fortalece la confianza de la sociedad en el sistema judicial. En momentos en que nuestra nación enfrenta retos significativos como la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, y otros delitos graves, es crucial que no demos pasos que puedan interpretarse como retrocesos en materia de transparencia.
FREJUS y otras voces han destacado que limitar el acceso a expedientes judiciales podría obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación y, por ende, el derecho de los ciudadanos a ser informados. Más que proteger, estas medidas pueden erosionar los avances logrados hacia un régimen más democrático y justo.
Pero, ¿qué debemos hacer como nación? En lugar de profundizar la desconfianza y echar más leña al fuego, estamos llamados a buscar soluciones constructivas. Es hora de fortalecer los mecanismos de control, promover el acceso responsable a la información, y trabajar unidos para erradicar las raíces de la corrupción e impunidad.
Nuestra nación necesita más que críticas; requiere de un compromiso colectivo por la justicia, la verdad y la transparencia. Como sociedad, debemos velar por que las políticas públicas respeten nuestros derechos fundamentales y promuevan el bienestar común. Solo así podremos construir el país que todos anhelamos
