Las nuevas autoridades que serán instaladas en la República Dominicana a partir del próximo 16 de agosto han hecho una pretenciosa propuesta de cambios que pretender emprender tan pronto asuman sus responsabilidades. Estos cambios prometen tener un notable impacto en todas las áreas del quehacer político, social y económico del país.
El cambio, según lo que se espera, será significativo y radical y tendrá efectos contundentes en áreas como la salud, la educación, la justicia y en todas las relaciones que conectan el tejido social y cultural de país. Es algo menos que una revolución.
Sin dudas, estos cambios afectaran las relaciones Estado-Iglesia protestantes o no católicas, dentro de un contexto en el que se acostumbra sean las autoridades establecidas las que impongan el tipo y el alcance en relaciones que pretenden mantener con las iglesias. Lo tradicional y acostumbrado es que los representantes de las iglesias se sienten a esperar que las nuevas autoridades los llamen, y como he de esperarse, son las autoridades que establecen, dentro de su estilo de hacer política, la forma en que se van a manejar con las iglesias no católicas.
No hay dudas de que las organizaciones representativas de los evangélicos han logrado algunos progresos importantes, aunque estos no han sido suficientes para evitar que las relaciones entre las iglesias protestantes y el Estado dominicano, en algunos aspectos, hayan sido relaciones de coyunturales y de conveniencias en las que se manifiestan las debilidades institucionales que históricamente han estado presente en nuestra vida pública.
Las señales indican que ante una real voluntad de cambios las relaciones Iglesia-Estado no seguirán siendo las mismas. Debemos estar claros de estas relaciones también están obligadas a cambiar.
Nosotros los evangélicos debemos de entender que la religión no es una prioridad del Estado, no porque no sea importante, sino porque las autoridades del Estado solo entienden la religión desde su lógica política; por tanto, somos nosotros quienes tenemos que tomar la iniciativa para proponer los cambios que consideramos apropiados en nuestras relaciones con gobierno.
Somos nosotros los evangélicos que tenemos que poner en conocimiento de las autoridades el aporte social, cultural y económico que hacemos desde las iglesias en pro del bienestar colectivo, la paz social convivencia humana y sostenibilidad en medio de los sectores más desatendidos y oprimidos.
Por lo yo que entiendo que las iglesias, para ser pertinentes en las nuevas relaciones iglesias protestantes-Estado, y responder de manera efectiva a los cambios que se aproximan, deben diseñar un plan estratégico con una visión de amplio y largo alcance. Un plan bien programado que tenga sus plazos y sus metas y que incluya la creación de un marco jurídico que norme estas relaciones.
Este plan debe contemplar la creación un marco jurídico; es decir, el diseño de un proyecto de ley de Asociaciones religiosas en las que estén amparadas todas las denominaciones cristianas, incluyendo adventistas, Testigos de Jehová, Mormones y otras expresiones de fe que no violenten nuestras tradiciones y costumbres de pueblo culturalmente cristiano.
En cuanto al proyecto de una Ley general de Asociaciones religiosas hay dos antecedentes que pueden servir de base. En octubre del 2007 legisladores de distintos partidos introdujeron a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley General de Asociaciones Religiosas”, que tuvo como vocero al entonces diputado Carlos Peña. Este proyecto que fue trabajado en un dialogo ampliado con los instituciones representativas, en la el licenciado y pastor de las Asambleas de Dios Alejandro y Santana y quien escribe, Tomás Gómez Bueno, entre otros, prestaron su colaboración. Este proyecto, además de Carlos Peña, fue impulsado por los también diputados Pedro Caro (PLD-Baoruco; Milcíades Franjul (PLD-Peravia); Elso Martínez (PLD-Santo Domingo) y Eugenio Cedeño (PRD-La Romana). El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero no prosperó en el Senado. Tenía la oposición pública y abierta del Episcopado Dominicano, bajo la influencia del cardenal Nicolás López Rodríguez.
El otro proyecto denominado “Ley Orgánica de Libertad Religiosa, fue discutido en el 2016 en el Senado de la República por los senadores de Bahoruco y Barahona, Manuel Antonio Paula y Edis Mateo Vázquez. Este proyecto, aunque contenía importantes aportes, según algunos lideres de las instituciones, tocaba aspectos que no eran competencia del Estado y nunca fue formalmente consensuado con el liderazgo evangélico. Tampoco prosperó.
La realidad es que no tenemos un marco legal específico que regule las relaciones iglesias no católicas y Estado en la República Dominicana, y este es el momento en que debemos proponerlo, pero su iniciativa y elaboración tenemos que hacerla nosotros los evangélicos.
ALGUNAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS
Lo primero que las organizaciones representativas de los evangélicos tienen que hacer es reunirse lo más pronto posible e integrar una comisión de trabajo con las formalidades y los cumplimientos de rigor, para a partir de ahí organizar un plan y hacer su propuesta donde se establezca el tipo y el alcance de las relaciones que se aspira mantener con las autoridades gubernamentales. No pueden sentarse a esperar que lo llamen. Alguien tiene que asumir el liderazgo en este sentido.
Aunque la Oficina de Enlace tiene un futuro incierto, por los próximos meses es conveniente que continúe operando, aunque sea puesta en la lista de las que serán eliminadas. Pero mientras tanto, esa oficina es un punto de contacto importante que debe mantenerse operando por unos meses. La persona ideal para encabezar la oficina de Enlace es el pastor Dio Astacio.
De su parte las organizaciones evangélicas representativas deben hacer un equipo de planeación estratégica con, sugiero, gentes de la Universidad Nacional Evangélica, de Visión Mundial y de Aspire. Este equipo debe tener como contraparte, iguales del Ministerio de Planificación Economía y Desarrollo.
Se debe integrar un equipo de juristas cristianos para que se retome con el consenso de las iglesias y sus líderes la “Ley de Asociaciones religiosas” que debe tener como contraparte una comisión de legisladores escogida por una de las cámaras legislativas.
Estas son acciones y tareas que debemos emprender con diligencia, con gran espiritualidad y sentido de misión de ser iglesia antes unas autoridades que han dicho desean cambios importantes a los cuales como gestores del Reino de Dios no podemos estar ajenos.
