Hace cinco meses desde que se registró el primer paciente de COVID-19 en territorio dominicano e inició la situación de la pandemia en nuestro país. Se trató de un ciudadano italiano de 62 años de edad, quien ingresó al país el 22 de febrero de 2020. Después de esto, las cifras se dispararon. Hay más de 60 000 contagios y el número crece cada día.
Sin lugar a dudas, la situación de la pandemia tomó por sorpresa a las autoridades de Salud Pública dominicanas, pero aún no se sabe a ciencia cierta por qué no se han creado las condiciones para suministrar a la población las pruebas necesarias para detectar el virus, ni se han ampliado los espacios y camas para atender a los infectados más graves y mejorar las atenciones de los pacientes que hoy sufren este devastador “enemigo invisible”, que está ganando terreno en un país en transición resultado de las elecciones celebradas el pasado 5 de julio. Las autoridades electas deberán asumir su mayor reto en un país en estado de emergencia.
Observando el aumento de casos a través de los reportes noticiosos y dando seguimiento a la deprimente situación que estamos viviendo, uno piensa en el gran camino que nos queda por recorrer los dominicanos y las dominicanas, para poder decir a “boca llena” que realmente se cumple eso que llamamos derecho de acceso a la salud.
El derecho a la salud de toda persona que habita en nuestro territorio está previsto en el artículo 61 de la Constitución de la República, al establecer que “Toda persona tiene derecho a la salud integral”, consignándose en el numeral 1 de dicho artículo que: “El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas…”
Como ciudadanos estamos conscientes de que la Constitución es la norma suprema de la nación a la cual debemos estar sujetos los gobernantes y los gobernados; también sabemos que es necesario construir una verdadera conciencia de que “ley de leyes” debe ser vivida, aplicada, y puesta en contexto, a fin de garantizar a la población el cumplimiento de los derechos económicos y sociales como el tan deseado derecho a la salud y que se aplique este derecho universal cuando se trate del paciente, el médico y a los que demandan un servicio de salud el cual debe ser satisfecho con dignidad y respeto.
Como lo ha expresado tantas veces el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara: “La Constitución es expresión institucionalizada del contrato social que se da en el pueblo para regir su propio destino, determinando la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos, así como los mecanismos y las garantías de sus derechos fundamentales”. (Discurso del Presidente del Tribunal Constitucional” Vol II, pág. 449).
La Constitución debe cobrar más vida -y más ante la actual situación de salud-, el Estado, y las diferentes fuerzas vivas de la nación deben hacer el mayor esfuerzo posible, tomando las medidas correspondientes en materia presupuestaria, legislativa, administrativa y en cualquier otro ámbito que fuere necesario, para hacer realidad plenamente el derecho a la salud de todos los que acuden a los hospitales, clínicas y laboratorios en busca de una prueba para saber si tienen o no el virus y para evitar que cientos de personas se vean obligados a hacer largas filas en la calle, que dan pena y vergüenza, para que le hagan una prueba. Es indigno que se tenga que suplicar por una cama en un hospital para ser atendido y no se obtenga la respuesta necesaria a estos justos reclamos.
El COVID-19 debe dejarnos muchas lecciones de vida a dominicanas y dominicanos, no pensar en el resto del mundo, sino en nuestra nación, en las nuevas autoridades electas por el voto popular, que tienen en gran compromiso de devolverle a este pueblo la confianza, la esperanza, la seguridad de que verdaderamente se garantice el derecho a la salud.
Se requiere un verdadero cambio que empiece por prestar atención a los sectores más vulnerables, por convertir nuestros centros de salud en espacios de confianza, de seguridad para los que más sufren, los desamparados sociales. Es la única forma en que se le dará vida a la Constitución y se podrán garantizar derechos tan fundamentales como la salud, la dignidad humana y el derecho a la vida misma.
