La Cámara de Diputados devolvió ayer a la Comisión de Salud el proyecto de ley de salud sexual y salud reproductiva, que presentaron los legisladores Cristian Paredes y Hugo Núñez.
Los diputados consideraron que el mismo deberá ser debatido con los sectores que tienen objeciones.
El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (Codue) y el Grupo de Acción Cristiana entregaron un documento dirigido al presidente de la cámara baja en el que alegan que este proyecto es inconstitucional.
Dicen además que con el mismo se pretende convertir al Estado en el promotor del inicio temprano de las relaciones sexuales por parte de la niñez y el erotismo en el currículo de la enseñanza.
Una opinión similar tiene el padre Manuel Ruiz, de la Pastoral de la Familia, de la Iglesia Católica, quien aseguró detrás de esas pretensiones se encuentran ONG que responden a organismos internacionales.
Mientras que organizaciones como Profamilia y el Centro de Estudios de Género del Intec dicen que este es una garantía de la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos y de género.
Rechazan que el proyecto promueva el aborto, como alegan las iglesias.
Proyecto
En uno de sus artículos, la iniciativa indica que el “Consejo de Educación velará por la inclusión en la currícula de contenidos sobre sexualidad y reproducción, con carácter laico y la libertad religiosa, con enfoque de género y derechos humanos, en la enseñanza formal, comprensiva para la edad basada en conocimiento científico y tomando en cuenta el principio de capacidad evolutiva de niños, niñas y adolescentes”.
También dice que “la presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico para la garantía y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a través de la regulación de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención de la salud sexual y la salud reproductiva”.
Considera el análisis de las implicaciones y consecuencias de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, la discriminación por razón de sexo o género, y sus vínculos con la salud sexual y salud reproductiva, entre otros.
Profamilia
Profamilia emitió ayer un comunicado en el que afirma que no tiene contrato con el Ministerio de Educación, y quien diga lo contrario debe aportar las pruebas que así lo demuestren.
“Profamilia entiende que esta es una información infundada y que falta a la verdad. Exigimos a quien hace esta afirmación que le muestre a la sociedad las pruebas, los documentos; que ya está bueno de hacer acusaciones sin evidencias”, agrega.
Dijo que participa junto a otras instituciones como invitadas del Ministerio de Educación en la mesa técnica de revisión curricular de cara al Programa Integral de Educación Sexual, que ese Ministerio está elaborando.
Profamilia afirmó que no es propietaria del proyecto de ley que cursa en el Congreso, pero apoya –junto con otras instituciones– esta iniciativa de los legisladores Cristian Paredes y Hugo Núñez.
Dijo que apoya la propuesta porque la falta de garantías de los derechos sexuales y derechos reproductivos impacta negativamente en la salud y el desarrollo humano, contribuyendo a los altos índices de violencia, VIH y Sida, así como a la elevada ocurrencia de embarazos en adolescentes y mortalidad materna, entre otras situaciones que afectan a los sectores de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Este proyecto de ley aborda la salud sexual y la salud reproductiva desde enfoques de derechos humanos y de género, estableciendo disposiciones para su garantía y pleno ejercicio, a través de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención, así como al establecimiento de sanciones ante su violación.
