Causa interés, y al mismo tiempo sorpresa, el convenio entre el Ministerio de Educación y la Conferencia del Episcopado Dominicano, en virtud del cual los colegios privados gestionados por la Iglesia Católica, pasarán a funcionar igual que las escuelas públicas en los aspectos administrativos y pedagógicos. Situación que ha detonado alarma en algunos círculos evangélicos ligados al quehacer educativo y al desarrollo social.
Las iglesias evangélicas que manejan colegios, deben sentirse, si lo desean, en el derecho de solicitar ante el estado la inclusión de cualquier centro con filosofía cristiana, y recibir el mismo tratamiento del Estado, debido a que la Constitución especifica que no hay Iglesia Estatal, y permite la libertad de religiones y de creencias.
A pesar de que permanece un concordato con el Vaticano que designa al Catolicismo como la religión oficial, y extiende privilegios especiales a la Iglesia Católica que no se le otorga a otros grupos religiosos. Estos incluyen el reconocimiento legal de la ley eclesiástica, la utilización de fondos públicos para asegurar algunos gastos de la iglesia, y exoneraciones completas de aduanas.
Sin lugar a dudas, la Constitución del 2010, deja en libertad de los ciudadanos el escoger-o no-a conciencia el culto religioso que mejor convenga a sus propias convicciones.
Consagra la libertad “de cultos” o libertad religiosa (artículo 45). Esta consiste en “la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias. Aunque por el momento esto lo vemos en la parte del ser y dejando de lado “el deber ser”, es decir la gran diferencia entre lo que dice la norma y la práctica de la misma, que beneficia a unos y no a otros.
No se puede ocultar “el sol con un dedo”, y entender que los gobiernos son referenciales en el trato con la iglesia popular, para nadie es un secreto, los tantos privilegios y rerrogativas. Y cuanto hablamos de renglón educativo no podemos dejar de decir todas las facilidades que reciben nuestros “hermanos separados”. Sin embargo somos testigos de que denominaciones cristianas y concilios, sean estos pentecostales o históricos, a base de esfuerzo propios y con recursos de feligreses, o colaboraciones de agencias y grupos misiones, sin dejar de lado a sectores empresariales, han colaborado para que estos inicien colegios propios ofreciendo educación de calidad a un costo que los padres pueden pagar.
El esfuerzo desplegado por iglesias, concilios, y organizaciones sin fines de lucro, para iniciar proyectos educativos, ha sido encomiable, y en la mayoría de los casos sin ayuda y asistencia del estado, a pesar de que no se puede negar que otros grupos de carácter cristiano reciben o han recibido beneficios económicos de los gobiernos, mientras otros sencillamente prefirieren no inmiscuirse, y dejar a “Cesar lo de Cesar, y a Dios lo que es de Dios”, o mejor dicho, porque después le pasan factura.
Soy de opinión que las iglesias evangélicas deben gozar del mismo derecho y oportunidad que el gobierno otorga a otros grupos religiosos, en cuanto a facilidades y beneficios para fortalecer los aspectos estructurales, pedagógicos y administrativos, a centros de carácter cristiano-evangélicos, siempre y cuando estos así lo deseen y lo requieran, respetando siempre aquellos que no necesitan de la asistencia de Estado en este sentido.
Considero que se debe respetar la opinión de cada cual de entrar o no entrar al sistema de manera total, definiendo reglas claras que puedan producir relaciones armoniosas, de trabajo y apoyo muto, entre el Minerd, y los administradores de colegios o escuelas cristianas.
A partir de esta experiencia, y otros aspectos relacionados a los grupos religiosos y sus implicaciones en la sociedad, se pueda pensar, y discutir sobre si es necesario el establecimiento de un cuerpo normativo que regule las implicaciones que se derivan de la libertad de conciencia y cultos establecida en nuestra Constitución.
De esta forma seguiremos firmes y convencidos de que estamos fortaleciendo cada día, el Estado Social y democrático de derecho, que entre muchos de sus objetivos esta revertir situaciones de inequidad a las que se ven enfrentados determinados grupos, garantizando los derechos fundamentales de las personas.
