La Ley General de Libre Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica, la N\u00famero. 200-04, ha servido para abrir puertas para el fortalecimiento democr\u00e1tico y la toma de conciencia de servidores tanto de las instituciones p\u00fablicas como a nivel privado a juicio del magistrado Manuel Ram\u00f3n Herrera Carbuccia, presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Al participar en el segundo panel durante la XXII Jornada de Derecho Constitucional dijo que este derecho es de corte democr\u00e1tico y que la transparencia institucional es uno de sus objetivos.<\/p>\n
Expres\u00f3 que el libre acceso a la Informaci\u00f3n tiene relevancia para el ejercicio democr\u00e1tico y seg\u00fan sentencias sobre el tema del Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) son decisiones que buscan institucionalizar el referido derecho.<\/p>\n
Cuestiona, sin embargo, qu\u00e9 la raz\u00f3n de las normas tienen eficacia sobre los derechos de los ciudadanos, y entre las desventajas del sistema, resalt\u00f3 que en Rep\u00fablica Dominicana no existe una ley de secreto oficial como en otros Estados.<\/p>\n
Mientras la magistrada Aileen Navas Auger, del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y del magistrado Sidney Blanco, juez de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, abordaron los retos pendientes partiendo de la evoluci\u00f3n y experiencias recientes en el derecho y la jurisprudencia comparada.<\/p>\n
La magistrada Navas Auger explic\u00f3 que en la isla el Poder Judicial est\u00e1 atado o m\u00e1s bien es un sistema unificado como dependiente de Estados Unidos y en ese sentido, asegur\u00f3 que no existe una legislaci\u00f3n del derecho al acceso a la informaci\u00f3n y que lo que existe es el acceso a documentos p\u00fablicos.<\/p>\n
Este estudioso del Derecho opin\u00f3 que el acceso a la informaci\u00f3n no tiene car\u00e1cter absoluto y entiende que debe existir una ley formal que determine qu\u00e9 se divulga o no.
\nEn ese sentido, dijo que el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica favorece un eficiente uso de los presupuestos y que en consecuencia puede afectar los dem\u00e1s derechos fundamentales.<\/p>\n
El magistrado salvadore\u00f1o concluy\u00f3 se\u00f1alando que a partir de estos derechos, los ciudadanos dejan de ser instrumentos electorales y por el contrario deben sentirse part\u00edcipe del manejo de los fondos p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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