Hace catorce a\u00f1os que se proclam\u00f3 la Constituci\u00f3n de 2010, revisada en una de sus partes en 2015, y todav\u00eda el Congreso Nacional mantiene una importante deuda con la sociedad dominicana: la aprobaci\u00f3n de leyes necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la carta magna.<\/p>\n
Hay alrededor de 70 leyes pendientes que se refiere a la reforma que verse sobre derechos, garant\u00edas fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el r\u00e9gimen de nacionalidad, ciudadan\u00eda y extranjer\u00eda, el r\u00e9gimen de la moneda, as\u00ed como los procedimientos de reforma instituidos en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
En una acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad, la Fundaci\u00f3n Evang\u00e9lica de Socorro al Recluso (Fesore, Inc.), demand\u00f3 al Congreso Nacional a cumplir con el mandato constitucional de dictar las leyes reservadas en sus art\u00edculos 97, 203, 210 y el 272, que se refirieren a los mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana, por entender que el legislador ordinario omiti\u00f3 dictarlas en un plazo prudente y oportuno.<\/p>\n
En su facultad de conocer las acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas (art. 185) el TC dict\u00f3 la Sentencia TC\/0113\/21, en la cual declar\u00f3 inadmisible por unanimidad el mecanismo de control presentado por la entidad sin fines de lucro por carecer de inter\u00e9s leg\u00edtimo jur\u00eddicamente protegido para reclamar la tutela de derechos de naturaleza pol\u00edtica, de los que no es titular.<\/p>\n
Otro de los argumentos expuestos por el TC en su decisi\u00f3n es que la falta de las leyes reservadas en los referidos art\u00edculos es lo que han impedido establecer los procedimientos especiales para el ejercicio de estas herramientas democr\u00e1ticas, constituye una falta imputable al Congreso Nacional, que debe ser sancionada por el Tribunal Constitucional como omisi\u00f3n legislativa absoluta, por traducirse en una infracci\u00f3n directa del mandato constitucional contenido en los art\u00edculos atacados.<\/p>\n
Son varios los esfuerzos de tipo acad\u00e9mico e interinstitucional que ha realizado el Tribunal Constitucional con el Congreso Nacional, incluyendo acuerdos de colaboraci\u00f3n, acercamientos y orientaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de que este poder del Estado cumpla con su funci\u00f3n de legislar con decencia, dignidad y apego a la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Los catorce a\u00f1os transcurridos desde la proclamaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, firmada el 26 de enero 2010, son tiempo suficiente para haber dado cumplimiento a lo establecido por el legislador constituyente y, al ignorar este mandato constitucional, la instituci\u00f3n legislativa contin\u00faa violando la carta sustantiva. Ya expertos y acad\u00e9micos se han expresado sobre el da\u00f1o que esto ocasiona al pueblo dominicano, que se ve privado de ejercer estos mecanismos de participaci\u00f3n directa en asuntos de inter\u00e9s nacional.<\/p>\n
A pesar del panorama negativo y las violaciones de las c\u00e1maras legislativas, es loable el esfuerzo de diputados de diferentes fuerzas pol\u00edticas que han sometido proyectos de ley con miras a cumplir con la denominada \u00abreserva de ley\u00bb. Tal es el caso de la ley concerniente al r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza (art\u00edculo 10 numeral 2 de la Constituci\u00f3n).<\/p>\n
En ese sentido, se hace menci\u00f3n del proyecto de ley sometido el 18 de agosto de 2022 por el entonces senador pelede\u00edsta por El\u00edas Pi\u00f1a, Yv\u00e1n Lorenzo, el cual perimi\u00f3 por falta de voluntad de los congresistas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n est\u00e1 pendiente la \u00abLey sobre el sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres\u00bb, que responde a lo establecido en el art\u00edculo 42, numeral 2 de la Constituci\u00f3n. La propuesta, realizada por la diputada Magda Rodr\u00edguez, del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD), en junio de 2024, fue agendado para conocerse en la C\u00e1mara de Diputados el 26 de julio, pero qued\u00f3 pendiente al terminar la legislatura.<\/p>\n
Qu\u00e9 decir de la \u00abLey de libertad de expresi\u00f3n y difusi\u00f3n del pensamiento\u00bb (art\u00edculo 49 numerales 1,2, 3, 4 y 5). Tras conocerse en primera lectura, el Poder Ejecutivo propuso una comisi\u00f3n, que se cre\u00f3 en abril 2024, integrada por abogados y periodistas para revisar la Ley 6132 de 1962, de Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del Pensamiento, y la Ley 1951 de 1949, que crea la Comisi\u00f3n Nacional de Espect\u00e1culos P\u00fablicos y Radiofon\u00eda.<\/p>\n
Adem\u00e1s, est\u00e1 pendiente la iniciativa sobre concesi\u00f3n de indultos por parte del presidente de la Rep\u00fablica en su condici\u00f3n de jefe de Estado (art\u00edculo 128, numeral 1-J); proyecto presentado el 15 de marzo de 2023 por el senador F\u00e9lix Bautista, que aun reposa en las \u00abgavetas del Congreso\u00bb.<\/p>\n
Hay algunas normas que congresistas y senadores s\u00ed trabajaron, como la concerniente al sistema de inteligencia del Estado (art\u00edculo 261). En este caso, la ley fue aprobada por el Senado de la Rep\u00fablica creando la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia (DNI), pero recibi\u00f3 cr\u00edticas por parte de la sociedad civil, que se\u00f1al\u00f3 que viola los art\u00edculos 9, 11 y 26 de la Constituci\u00f3n, y puede tener impacto tanto en la libertad de prensa como en los derechos a la privacidad y el secreto profesional. Es necesario que cuando se presenta un proyecto se tome en cuenta lo establecido en la carta magna.<\/p>\n
La ley org\u00e1nica de delimitaci\u00f3n territorial (art\u00edculo 195) es otra que fue aprobada por el Senado de la Rep\u00fablica en primera lectura en octubre de 2022. Si los legisladores logran convertirla en ley y est\u00e1 bien elaborada, ser\u00eda la primera iniciativa de esa lista que dejar\u00eda de ser reserva de la Constituci\u00f3n, pero ha encontrado oposici\u00f3n de sectores sociales que la consideran inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales. Esto ha motivado que el Poder Ejecutivo designe una comisi\u00f3n de especialistas para adecuarla al inter\u00e9s nacional.<\/p>\n
A pesar de los esfuerzos de algunos congresistas por dar cumplimiento a la Constituci\u00f3n, todav\u00eda la \u00abmora judicial\u00bb es alta y para muestra se hace menci\u00f3n de otras normativas, como la ley concerniente a la regi\u00f3n, cuya finalidad es definir lo relativo a sus competencias, composici\u00f3n, organizaci\u00f3n y funcionamiento de estas (art\u00edculo 196); \u00a0la de est\u00edmulo y motivaci\u00f3n al deporte, la atenci\u00f3n integral a los deportistas y el apoyo al deporte de alta competici\u00f3n (art\u00edculo 65, numeral 2); entre otras.<\/p>\n
En resumidas cuentas, el Congreso dominicano tiene una deuda con el pueblo y la Constituci\u00f3n, a fin de seguir fortaleciendo el Estado social, democr\u00e1tico y de derecho, la institucionalidad democr\u00e1tica, los derechos y garant\u00edas fundamentales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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